Cubadebate

Los datos citados una y otra vez en esta columna lo confirman: en Cuba la violencia de género existe, en todas sus manifestaciones, y urge tomar medidas concretas para enfrentarla. Probablemente por ello a Clotilde Proveyer le brillan los ojos cuando habla de la recientemente aprobada estrategia integral de prevención y atención a este conflicto. Alguna lágrima corre por su cara, interrumpe las palabras, se emociona.

“Sin creer que todo está hecho, este es un sueño cumplido para quienes durante muchos años hemos trabajado por la eliminación de la violencia en todos los ámbitos de la sociedad”, asegura la socióloga y coordinadora del equipo asesor del grupo nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) para la atención a esta problemática.

Efectivamente, la aprobación el pasado 23 de junio de la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar en una reunión del Consejo de Ministros dirigida por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, constituye un paso fundamental en el camino hacia un enfrentamiento institucional de este asunto latente.

Ahora, explica a Cubadebate la miembro del Secretariado Nacional de la FMC Osmayda Hernández, se publicará en la Gaceta Oficial como norma jurídica de rango mayor y se podrá trazar un protocolo de implementación y chequeo permanente.

Además, contribuye a la deslegitimación social de las agresiones machistas en tanto la visibiliza en todas sus manifestaciones y espacios: desde el silencio hasta la muerte.

La integralidad como clave

La nueva estrategia no cayó del cielo. Es herencia del trabajo y activismo consciente que desarrolló la academia y muchas organizaciones sociales durante décadas, para visibilizar y enfrentar la violencia de género. Es, además, consecuencia directa de la proyección cada vez mayor del gobierno cubano contra este y otros conflictos.

Ya lo decía el presidente Miguel Díaz-Canel en la Asamblea Nacional del Poder Popular: el país debe prepararse “para legislar, por su alta sensibilidad, sobre algunos temas como la violencia de género, el racismo, el maltrato animal y la diversidad sexual”.

También es resultado concreto de la labor desplegada durante los últimos meses por el grupo nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) para atender esta problemática y su equipo asesor. En tiempos de pandemia, cuando la violencia en espacios familiares se volvió aún más frecuente, expertas de diversos campos trabajaron intensamente para generar herramientas concretas que permitieran enfrentarla.

No es casual, por tanto, que el punto de partida fundamental del nuevo instrumento sea su carácter integral e integrador; su capacidad para transversalizar el enfoque de género a todas las áreas y organismos que inciden directa o indirectamente en la supervivencia de este fenómeno.

“Es un instrumento vertebrador de la actuación nacional, que materializa la voluntad política del Estado de forma coherente y articulada con medidas que se basan en la Constitución de la República de Cuba, en los documentos internacionales que el país ha firmado y en el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer (PAM)”, explica Proveyer a nuestro medio.

Las acciones definidas abarcan desde lo nacional hasta lo local-comunitario y parten de un enfoque multisectorial, interseccional e interinstitucional que aborda no solo la atención de la violencia una vez ocurrida, sino también su prevención, agrega.

Además, insiste Hernández, el documento vincula a los organismos de la administración central del estado, a las organizaciones sociales y de masas, a la sociedad civil y a los gobiernos municipales y provinciales, a partir de la definición de asuntos concretos a los que deben dar respuestas.

En ese camino, la estrategia conduce a un análisis integrador de las responsabilidades de la sociedad, el Estado y los diversos sectores involucrados en la atención a este fenómeno. “Mejora la respuesta institucional que, como sabemos, muchas veces no ha sido efectiva. Hasta ahora había sido desarticulada y no abarcaba todos los aspectos que debería atender”, reconoce Proveyer.

Se organiza a partir de diez componentes que incluyen la comunicación social, la educación y formación continua, la prevención, las acciones locales y comunitarias, la atención, la protección, el desarrollo legislativo, la información y estadísticas, la investigación y el seguimiento y evaluación.

Para cada una de esas áreas, define no sólo objetivos generales y específicos, sino también acciones concretas a desarrollar, las entidades encargadas y los resultados esperados. Ahí, probablemente, radica una de sus principales fortalezas: no deja nada al azar, establece claramente los desafíos, cómo enfrentarlo y quiénes deben hacerlo.

En el caso de la comunicación, explica la socióloga, resulta fundamental para generar no solo información, sino sensibilización en los medios y en la sociedad. En tanto, la educación, prevención y trabajo social se relaciona con la formación de especialistas, la capacitación de los cuadros del Estado y la gestión del conocimiento.

El trabajo en el ámbito local y comunitario resulta vital, agrega, porque ahí están las víctimas y urge fortalecer y activar sus redes sociales, los actores en la comunidad. Mientras, las estadísticas y la investigación permitirán producir información y datos confiables, que deriven en un mejor seguimiento de las acciones emprendidas.

“Otros ejes están relacionado con el perfeccionamiento de los mecanismos de atención y los servicios; con las acciones legislativas en el sistema de protección, que incluye la capacidad de los operadores del derecho, la transversalización del enfoque de género en las leyes y el diseño de una norma específica cuando sea necesaria”, puntualiza.

De igual forma, apunta Hernández, se han diseñado indicadores de evaluación que permitirán comprobar de manera permanente y sistemática la respuesta concreta de cada organismo involucrado.

“Incluso, se creó un grupo técnico -presidido por Inés María Chapman- que todos los meses evalúa el cumplimiento de las diferentes áreas del PAM y de igual modo, chequeará la nueva estrategia integral”.

Todos los meses cada uno de los organismos rendirán cuenta al respecto. A partir de este julio, tendrán la responsabilidad de presentar a este grupo técnico nacional el protocolo de actuación de cada uno para la atención a la violencia de género. Ese es el primer paso en un camino de evaluación permanente, relata la funcionaria de la FMC.

Más allá de los desafíos...

Por supuesto, la elaboración y aprobación de esta estrategia integral es apenas el principio del camino. Llevarla a la práctica en un contexto de pandemia e involucrar conscientemente a todos aquellos que influyen en la erradicación definitiva de la violencia de género, son apenas dos puntos en una larga lista de pendientes.

Para Proveyer, su correcta implementación depende del diseño y aplicación de los protocolos sectoriales e institucionales, y de la preparación de los actores sociales que tienen la responsabilidad de ejecutarla. “Ese es un gran desafío porque supone transformar muchas prácticas que hasta ahora se utilizaban en el enfrentamiento”.

Otros retos pasan por enfrentar las resistencias culturales que aún existen en la sociedad, establecer un adecuado monitoreo y asegurar la participación comprometida de todos los actores sociales implicados.

“No puede ser solo una normativa que obligue, las personas deben incorporar el compromiso y la responsabilidad como parte del querer y saber hacer”, destaca la socióloga.

Pero más allá de ello, insiste, es un paso fundamental, también desde el punto de vista legislativo. “Sin renunciar al perfeccionamiento de las leyes, el hecho de que se haya convertido en una norma vinculante para todas las instituciones y los organismos centrales del Estado, con todas sus acciones, ejes y componentes, se parece mucho a lo que cualquier país llamaría Ley Integral contra la Violencia de Género”, plantea.

En definitiva, no deja nada ni a nadie fuera: contiene acciones encaminadas a la protección, la atención, la recuperación y el perfeccionamiento legislativo, pero también otras que buscan combatir la cultura patriarcal y contribuir al necesario cambio en los imaginarios, en las normas y en los valores sexistas que hacen posible la reproducción de la violencia. El mapa está trazado, falta ahora seguir sus pistas.